Ciberseguridad en Chile 2025: claves legales, riesgos y estrategias para empresas
En 2024, las redes informáticas chilenas registraron 27.600 millones de intentos de ciberataque, lo que representa un incremento del 360 % respecto al año anterior. Este ritmo equivale a 76 ataques por segundo, impulsados por el uso masivo de bots automatizados e inteligencia artificial ofensiva. En abril de 2025, el CSIRT Nacional emitió la alerta CND25‑00134 tras la irrupción del ransomware VanHelsing, un software malicioso que cifra los archivos de las víctimas y exige rescate en criptomonedas para su liberación. Paralelamente, continuaban las campañas masivas de phishing y smishing (fraude por correo y SMS), afectando a miles de usuarios en el país.
El año 2025 marcará un hito en la historia electoral chilena: por primera vez desde 2012, el país enfrentará un ciclo completo con sufragio obligatorio y un padrón superior a 15 millones de personas. Además de escoger al próximo Presidente o Presidenta de la República, la ciudadanía renovará íntegramente la Cámara de Diputadas y Diputados y elegirá 23 senadores en siete regiones. La magnitud del proceso implica desafíos logísticos y legales para cada organización que cuente con personal ese día, desde hospitales y data-centers hasta pymes de logística.
La norma chilena que rige la vida privada –Ley 19.628, de 1999– fue concebida antes de la era de la nube y las redes sociales. Hoy, con más de la mitad de las empresas reportando incidentes de ciberseguridad y la presión por cumplir estándares internacionales como el RGPD, Chile da un paso clave: el Congreso ha aprobado la Ley 21.719, modernizando la regulación y creando una autoridad dedicada a supervisar el tratamiento de datos personales.
En Chile, la Constitución Política establece en su artículo 1° que "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad" y resalta el deber del Estado de protegerla y fortalecerla. Este mandato ha impulsado debates sobre la necesidad de actualizar las leyes que afectan la vida familiar, especialmente en temas de matrimonio y divorcio, ante fenómenos sociales emergentes como la adicción al juego.
La creciente diversidad de las familias en Chile exige un marco legal que proteja a quienes deciden convivir sin casarse ni celebrar un Acuerdo de Unión Civil (AUC). Este artículo explora la propuesta parlamentaria contenida en el Boletín 16.965-34, cuyo objetivo es otorgar a estas parejas derechos patrimoniales, previsionales y sucesorios equivalentes al matrimonio. En un contexto donde solo tres de cada diez parejas están casadas y una de cada cinco convive informalmente, esta reforma aborda una urgente brecha legal y social.
En la actualidad, la información financiera y crediticia es esencial para la toma de decisiones tanto por parte de las instituciones financieras como de las personas. La creación de un Registro Oficial de Deuda Consolidada surge como una necesidad para mejorar la transparencia, eficiencia y equidad en el sistema de evaluación crediticia en Chile. Esta nueva ley busca establecer un marco legal y operativo claro, protegiendo los derechos de los deudores y fortaleciendo la supervisión del mercado financiero.
El Congreso Nacional está considerando un proyecto de ley que podría cambiar significativamente la forma en que se realizan las audiencias judiciales en el país. Este proyecto, apoyado por varios senadores, propone que todas las actuaciones judiciales puedan llevarse a cabo de manera remota en zonas especiales y extremas del país. La idea es modernizar el sistema judicial y facilitar el acceso a la justicia para aquellos que viven en áreas de difícil acceso.
La aprobación reciente de la Ley de Ciberseguridad en Chile marca un hito importante en el mejoramiento de la infraestructura digital y la salvaguarda de la información en el ámbito nacional. Esta ley establece un marco integral destinado a salvaguardar contra amenazas cibernéticas, promover prácticas de seguridad informática robustas y asegurar la resiliencia de sistemas esenciales. A continuación, se detallan los elementos clave de esta legislación, destacando la importancia de cada uno en el contexto de la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos.
La seguridad privada en Chile ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en un componente fundamental para el resguardo y la tranquilidad de la ciudadanía. Este auge, impulsado por la creciente demanda de servicios de seguridad ante desafíos como el aumento de la delincuencia y la necesidad de complementar los trabajos de las fuerzas de seguridad pública, ha llevado a la necesidad imperante de establecer un marco regulatorio adecuado.
En un movimiento histórico para los derechos de los pacientes, Chile promulgó la