La seguridad privada en Chile ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en un componente fundamental para el resguardo y la tranquilidad de la ciudadanía. Este auge, impulsado por la creciente demanda de servicios de seguridad ante desafíos como el aumento de la delincuencia y la necesidad de complementar los trabajos de las fuerzas de seguridad pública, ha llevado a la necesidad imperante de establecer un marco regulatorio adecuado.
La nueva Ley de Seguridad Privada surge en este contexto, con el propósito de regular de manera integral la industria, buscando su profesionalización y estableciendo una colaboración más estrecha con las entidades de seguridad pública. Esta normativa marca un hito en el compromiso del Estado chileno por garantizar una seguridad privada eficaz, profesional y alineada con los más altos estándares de respeto y apoyo a la labor de seguridad pública, sentando las bases para una cooperación efectiva en la protección de la sociedad.